martes, 6 de marzo de 2012

CARTA DEL SINDICATO DEL INAH (SNTINAH) PUBLICADA ESTA SEMANA EN PROCESO.


CARTA DEL SINDICATO DEL INAH (SNTINAH) PUBLICADA ESTA SEMANA EN PROCESO.
Senadora Rojo, la minuta de su iniciativa debe ser rechazada en la C. de Diputados. ¡¡En materia de patrimonio cultural, el interés social es primero!!
México D. F. a 28 de febrero de 2012


SECCIÓN: PALABRA DE LECTOR
SEMANARIO PROCESO
PRESENTE

En la etapa que finaliza de la actual administración federal, el poder legislativo, particularmente la Cámara de Senadores aprueba un conjunto de ocho iniciativas que proponen modificar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley orgánica del INAH y la Ley General de Bienes Nacionales, con propuestas que consideramos que afectan negativamente la conservación del patrimonio cultural.
Especialmente, nos referimos a la iniciativa presentada por la Senadora María Rojo Incháustegui, que propone adicionar un artículo 5 bis a la Ley Federal, ampliar el derecho de audiencia de los particulares contra las declaratorias de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Uno de los grandes aciertos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ha sido que en la etapa en que se discutió y aprobó (1972), se logró poner el interés social y nacional así como la utilidad pública de los inmuebles de valor histórico por encima del interés privado, es decir, sin que los propietarios particulares dejen de serlo, el Estado regula la conservación de estos bienes culturales a partir de considerarse de interés y significación para el país, la historia y la sociedad nacional.
La iniciativa -ya minuta enviada a la Cámara de Diputados-, de la senadora María Rojo Incháustegui, privilegia el interés privado al interés social y nacional, e impone los intereses particulares sobre la utilidad pública de la protección, conservación y recuperación de los monumentos Históricos y de las Zonas de Monumentos.
Con una visión limitada y errónea de los procesos de trabajo de los especialistas del INAH, la senadora Rojo: 1. Amplía los derechos de los particulares (derecho de audiencia), para impedir y/o revocar las Declaratorias Federales; derechos que ya están contenidos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 2. Reduce la importancia de las Declaratorias Federales de Zona de Monumentos Históricos, al proponer que sean firmadas por el Secretario de Educación Pública y no por el titular del Ejecutivo Federal.
La notificación e inconformidad de los particulares a las declaratorias federales se encuentra establecida en el artículo 23 de la Ley Federal y 9º de su Reglamento, así como en los artículos transitorios de las Declaratorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por ello se realiza una primera y una segunda publicación, para posteriormente inscribir la declaratoria en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del INAH, así como en el Registro Público de la Propiedad de la localidad de que se trate.
La política del actual gobierno Federal ha sido la de anular en los hechos las declaratorias de Zonas de Monumentos Históricos y Arqueológicos, a la fecha son más de 30 estudios de zonas de monumentos históricos y 50 de zonas de monumentos arqueológicos aproximadamente, que se encuentran detenidas en los jurídicos de INAH, SEP y Presidencia.
Que no se equivoque la senadora Rojo, la experiencia institucional con los particulares que llegan a inconformarse contra las declaratorias es generalmente porque pretenden destruir el inmueble histórico y cambiar el uso de suelo para un lucro mayor del espacio urbano. Esta actitud atenta contra los valores culturales, históricos, sociales y nacionales, por ello la importancia de regular los destinos y usos del suelo por parte del Estado.
Por lo anterior sería importante proponer iniciativas que fortalezcan la regulación establecida en la ley federal y buscar mecanismos que obliguen al ejecutivo federal a signar las declaratorias que se han realizado institucionalmente.
La iniciativa de la senadora Rojo no debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, ya que se observa como un mecanismo burocrático más, que inhibiría las ya de por sí complejas y lentas declaratorias.
Consideramos que los legisladores, en general, deben realizar consultas públicas sobre sus iniciativas antes de conformarlas como propuestas que, como en este caso, afectan negativamente lo que pretenden proteger.

ATENTAMENTE

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INAH


MIREYA FLORES CEDILLO
SECRETARIA GENERAL SECCION 3 DEL SNTINAH


LUIS ADOLFO GÁLVEZ GONZÁLEZ
COMISIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA DEL SNTINAH

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